Cuanto mayor sea la ignorancia, mayor es la osadía, la prepotencia, el abuso de poder, el despotismo; y en consecuencia, la imbecilidad que anula el entendimiento y el raciocinio.
Hay personas analfabetas en el sentido estricto, aunque ellos no se lo consideren porque saben deletrear y firmar con esfuerzo, y otras muchas incluidas en el analfabetismo funcional, cultural y moral, habituadas a venerar la chulería, la deshonestidad, la zafiedad, el fraude, la mezquindad, y que se venden incluso sin precio, a cambio de nada; o bien, a cambio de derechos reconocidos, pero ellos creen que son privilegios o prebendas; personas sin formación e irresponsables políticamente que no valoran en qué y cómo se gasta el dinero público, el dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes y que es insuficiente para la sanidad, educación, servicios sociales, investigación científica, cultura, etcétera. Luego vienen los recortes en servicios básicos al ciudadano.
España, por desgracia, es un país tendente a las mafias -algunas de ellas con apariencia de legalidad-, al caciquismo, a la corrupción, a la indecencia. Incluso a veces el partidismo muestra criterios, formas y métodos mafiosos, como la ocultación de infracciones y delitos, y sus pruebas; retraso en la administración de justicia con el abuso de recursos, silencio administrativo, aforamientos, defensa y apoyo jurídicos... El partidismo actúa como una gran familia que esconde, silencia, aconseja, apoya y miente por sus miembros. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno hay que cumplirla y hacerla efectiva realmente con su aplicación y extensión a todo tipo de administraciones públicas, llegando a las corporaciones locales perdidas, no de la mano de Dios, sino de la ley, de la democracia y del Estado de Derecho. También debe llegar a la Casa del Rey, partidos políticos, organizaciones sindicales, fundaciones, Iglesia Católica y a cualquier institución perceptora de fondos públicos.
Pero miremos lo que tenemos más cerca y comprobaremos que algunos de estos jefecitos o caciques tienen miedo a la verdad, desprecian la ley y su aplicación, y tienden a eludirla con el compadreo político, regalos, invitaciones, mentiras... Estos mequetrefes encumbrados por la apatía, indiferencia, temor e ignorancia de la gente, o por favoritismos, sufren trastornos megalómanos, considerándose todopoderosos, por encima de los principios democráticos y de la ley. Son un peligro social, aunque se vistan ridículamente de izquierdismo, puesto que en el fondo y también en la superficie, son retrógrados, machistas y están peleados con el conocimiento y la cultura. También con la dignidad, el raciocinio y el sentido común. Y ante este desolado panorama nos encontramos con la pasividad e indiferencia de un pueblo pasmado, cobarde, pusilánime, borreguil y acrítico, que, con una venda en los ojos y un pañuelo en las narices para no oler tanta podredumbre, hacen al más pillo soberano altanero y avaricioso, renunciando de forma voluntaria a ver, escuchar, razonar y argumentar.
España es un país muy indulgente con los políticos que no dan la talla en ningún aspecto y olvidan pronto su mal gobierno, las infracciones y los presunto o reales delitos. Es más, se los admira, y lo peor, se los vota como si nada hubiese ocurrido. El Ministerio Fiscal, Tribunales de Cuentas, órganos públicos de supervisión, fuerzas del orden público y órganos judiciales entre otros, deberían actuar de oficio para conocer, desenmascarar y perseguir irregularidades e infracciones administrativas, y sobre todo los delitos, sin necesidad de denuncias o demandas de particulares.
Estando escribiendo este artículo, me ha entrado un e-mail con las retribuciones de los alcaldes malagueños, publicadas en el Diario Sur, y cuál no ha sido mi asombro al leer las cantidades. Por ejemplo, pongo el caso más padecido y cercano: el Alcalde de Pujerra (pueblecito con una población de hecho que no llegará a 150 habitantes) tiene una retribución de 22709 euros, lo que supone una mensualidad de 1892,4 euros, en régimen de dedicación exclusiva, coche oficial, dietas... ¿Alguien puede decir su horario en el Ayuntamiento? Sería conveniente que este alcalde leyese, mejor, que algún político de su partido le explicase aunque fuese someramente parte del articulado de estas dos leyes: Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo y la ya citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Por otra parte, decirle que más allá de lo que diga la ley escrita, está el espíritu de la ley para adaptarla a lagunas o casos singulares. Pero esto es hablar en otro idioma al alcance sólo de unos pocos (lo digo por el ¿Pleno?). Y al lado de la ley o junto a ella, siempre está el respeto, la educación y la cortesía.
Con honestidad y sinceridad pienso que la situación de algunos ayuntamientos es lamentable, y que cada lector responsable le añada los calificativos que considere oportunos y que actúe como mejor estime. Al fin y a cabo, algunos siempre dirán: "Y qué más da,,,".
Antonio Mena Guerrero Málaga 8 de octubre 2018